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Punto de Encuentro Ciudadano


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Registrar un Punto de Encuentro, le permite dar difusión a su objeto, encontrando más personas o grupos afines, que pueden apoyar y fortalecer su gestión.

Ayuda en el tema del control ciudadano y Los Puntos de Encuentro Ciudadano ciudadanas.
Colaboración de: Transparencia Colombia, Fundación Corona y Comfecámaras y el programa de anticorrupción.

1. ¿Qué es el Punto de Encuentro Ciudadano?
Es el mecanismo democrático de representación que le permiten a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestión pública, frente a las autoridades: administrativas, políticas, judiciales, electorales y legislativas, así como la convocatoria de las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público

Los Puntos de Encuentro Ciudadano son organismos formados virtualmente que no hacen parte del sector público ni del privado. Este mecanismo de origen social, pretende que no solo el control provenga del Estado, sino que los mismos ciudadanos y la comunidad en general fortalezcan su ejercicio. Los Puntos de Encuentro Ciudadano son garantía para el cumplimiento de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana haciendo realidad los preceptos constitucionales de participación en la concertación, control y vigilancia de la gestión pública. Así mismo hacen realidad los espacios para la coordinación de políticas locales y sectoriales, tales como los comités de participación ciudadana en salud; los gobiernos escolares; los comités ambientales locales; espacios entre otros, que facilitan los acuerdos sociales, permiten la cogestión de planes y programas y la democratización de los servicios sociales y públicos.

2. Herramientas formales de los Puntos de Encuentro Ciudadano.
Ya que es obligación de las entidades dar apoyo en la ejecución de los Puntos de Encuentro Ciudadano, estas son las herramientas formales para su ejecución.

Derecho de Petición

Con excepción de los documentos catalogados como reservados por la ley, todas las actuaciones del Estado y sus funcionarios son públicas,  visibles para los ciudadanos y como tal, podemos tener acceso a ellas. Otra forma de realizar un derecho de petición, es solicitar al Estado que actúe en favor del  ciudadano para reconocerle un derecho en particular.

Esto se puede observar en el artículo 23 de la Constitución Política: "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. Adicionalmente, el derecho de petición es regulado por el Código Contencioso Administrativo.

El derecho de petición es un derecho fundamental. Por lo tanto, y en caso de que sea necesario hacerlo respetar, podemos recurrir al mecanismo de la tutela. Solo en caso de que sea agotado el derecho de petición, y sin que la autoridad haya resuelto dentro de los términos legales establecidos, el ciudadano o la organización pueden instaurar la acción de tutela.

Acción de cumplimiento

Es una sencilla petición que se hace a las autoridades para que cumplan lo ordenado en leyes, decretos, actos administrativos, ordenanzas de las Asambleas y Acuerdos de Concejos Municipales. Para todos los casos se puede solicitar cumplimiento, excepto cuando las normas establezcan gastos. Está regulada por la Ley 393 de 1997.

Audiencias públicas

Herramienta según la cual la administración pública puede convocar audiencias para discutir asuntos de interés general o colectivo relacionados con políticas, planes, programas, proyectos servicios u obras públicas que afectan sus intereses y derechos,   con el objeto de involucrar más al ciudadano en el desempeño público. Está regulada por la Ley 489 de 1998, en  especial los artículos 32 al 35.

Acciones Populares o de Grupo 

Mecanismo para proteger los intereses colectivos de la sociedad, puede ser interpuestas por cualquier ciudadano, para defender los intereses generales de la sociedad, o los intereses colectivos de un grupo.

Se aplica para defender derechos relacionados con el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y salubridad social, el medio ambiente, los servicios públicos domiciliarios, la atención de desastres, los derechos de los consumidores, la moralidad administrativa de los servidores públicos, la libertad de competencia económica, etc. Están reguladas por la Ley 472 de 1998.

Cabildo Abierto 

Es una reunión pública de los Concejos municipales o Distritales o las juntas administrativas locales, en donde los ciudadanos pueden participar directamente y discutir acerca de los asuntos de interés común. Es de nivel local y es de carácter consultivo.

Para la consulta de un asunto en cabildo abierto, se debe presentar la solicitud de cabildo, con no menos de 15 días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo de sesiones, por parte de un número no inferior al cinco por mil de los ciudadanos inscritos en el censo electoral correspondiente. Las organizaciones civiles pueden participar en todo el  proceso de convocatoria y celebración.

Solicitud de Información

De acuerdo al Decreto 2130 de 1992, las autoridades administrativas deben publicar a la ciudadanía los proyectos de decisiones que sean consideradas como de importantes implicaciones para la comunidad. La veeduría puede solicitar la publicación de este tipo de publicaciones, a pesar de que éstas no tengan carácter vinculante.

De otra parte,  de acuerdo al artículo 31 del Decreto 266 del 2000, todas las autoridades administrativas deben publicar los proyectos de regulaciones que se pretendan adoptar que tengan carácter general y que traten  de temas como normas de intervención económica, reglamentación del medio ambiente, reglamentación urbanística, las que impongan nuevas obligaciones a los productores de bienes y oferentes de servicios, entre otros.

3. Objetivos inmediatos de establecer una veeduría.

Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de los trabajos y actuaciones públicas.

Vigilar la oportuna coordinación de las entidades públicas en el desarrollo y posterior servicio de las obras de tal manera que los trabajos no se retrasen o sean posteriormente afectados negativamente por una entidad o política oficial.

 

 

Monitorear el efecto de las obras y servicios en el desarrollo urbano y paisajístico del sector donde se realizan y su impacto en la generación de una mayor productividad y equidad social urbana.

Solicitar a interventores, supervisores, contratistas, autoridades oficiales y demás autoridades concernientes, los informes verbales o escritos que permitan conocer el cumplimiento de los respectivos programas, contratos o proyectos y sus resultados.

Difundir a la opinión pública las principales conclusiones de sus acciones; para esto es muy importante relacionar a la veeduría al mayor número de medios de comunicación posible.

Realizar denuncias ante las autoridades competentes sobre las irregularidades que sean encontradas.

Hacer recomendaciones a la entidad o funcionario responsable sobre mejores maneras de ejercer sus funciones.


Información acerca del presente trabajo